El ministerio propone crear un “sistema de difusión de información sobre los centros educativos”
Cuatro comunidades rechazan establecer clasificaciones
El departamento de José Ignacio Wert ha propuesto a las comunidades
autónomas la creación de una plataforma en Internet en la que se ofrezca
información sobre todos los colegios e institutos que se sostienen con
fondos públicos. Esa web serviría, según la propuesta del Ministerio de
Educación, “para la rendición de cuentas” de los colegios y “para
facilitar el ejercicio de la libertad de elección de centro educativo
por parte de las familias”.
La idea de crear este sistema, en el que se ofrecerían los datos de
pruebas externas de evaluación detallados por centro, ronda la cabeza de
los dirigentes del PP desde hace años. La Comunidad de Madrid ya ha
puesto en práctica esta medida. Realiza desde 2005 exámenes externos a
los colegios públicos, concertados y privados. Luego, difunde los
resultados de cada centro, lo que acaba en la publicación en los medios
de comunicación de un ranking que las familias consultan para
orientarse sobre dónde matricular a sus hijos. Wert, al poco de tomar
posesión de su cargo, señaló que una de sus prioridades era que los
centros rindan cuentas.
El sistema educativo ya lo hace a través de distintas evaluaciones
internacionales, nacionales y autonómicas. El siguiente paso que se
quiere dar es que toda la sociedad tenga acceso a esos resultados y a
las clasificaciones, una medida que tiene férreos defensores y
detractores. La propuesta de crear esa web de información se puso sobre
la mesa la semana pasada durante la reunión del consejo rector del
Instituto Nacional de Evaluación Educativa, del que forman parte también
las comunidades. Andalucía, Canarias, Cataluña y País Vasco se oponen a
esa medida.
“Carece de fundamento jurídico, no hay una norma que lo ampare”,
indica José Moya, director del Instituto Canario de Evaluación y Calidad
Educativa, que asistió a la reunión en la que esas cuatro comunidades,
en las que no gobierna el PP, pidieron la retirada de la iniciativa.
Moya cree que para poder sacar adelante esta medida “primero se debería
derogar la Ley Orgánica de Educación”. Wert ya baraja modificar esta
norma. En el artículo 144 de la actual LOE, que está dedicado a las
pruebas generales de diagnóstico, se advierte de que, “en ningún caso,
los resultados de estas evaluaciones podrán ser utilizados para el
establecimiento de clasificaciones de los centros”. Madrid sí que
publica los datos de los centros, aunque sin establecer un ranking. “Lo hace al margen de la LOE”, opina José Moya.
El sociólogo de la Universidad de Salamanca Jaime Rivière no es
contrario a priori a que exista un sistema de información sobre los
centros. Aunque cree que la mayor dificultad sería cómo conseguir una
“evaluación veraz”.
En la propuesta lanzada a las autonomías se señala que “este sistema
de rendición de cuentas” contará con “información fiable, contrastada y
lo más completa, homogénea y comparable posible, que incluya datos sobre
las características de los centros, así como indicadores de su
funcionamiento y rendimiento junto con información sobre el grado de
satisfacción de las familias con los mismos y sobre el bienestar de los
alumnos”.
Se propone presentar la información en tres bloques: datos sobre las
principales características de los centros, grado de satisfacción de los
padres, alumnos y profesores y, por último, indicadores de centro, “con
información sobre el contexto socioeconómico”. Este último matiz es
importante ya que en las evaluaciones internacionales, como PISA, se
advierte de que el principal condicionante de los resultados de los
alumnos es su entorno.
Antonio Cabrales, catedrático de Economía de la Universidad Carlos
III, es partidario de su implantación. Apuesta por el modelo del Reino
Unido, donde se ofrece “una información muy rica”. Cabrales cree que el
mejor antídoto contra las clasificaciones es que se publique el mayor
número posible de indicadores de los centros, no solo los resultados de
una prueba. “Cuanta más información se tenga, menos ranking
es”, sostiene este catedrático, partidario de extender el modelo también
a los hospitales. En su opinión, es una forma de “reforzar el sector
público”.
El ministerio reconoce en su propuesta que el papel de las
comunidades es fundamental para sacar adelante el sistema. Cada
autonomía “sería responsable de la introducción de la información
relativa a los centros bajo su competencia, así como de su mantenimiento
y actualización”.
Andalucía ya ha anunciado que no está dispuesta a favorecer las
clasificaciones. La consejera de Educación, Mar Moreno, sostiene que
acudirá a los tribunales si el ministerio impone el sistema, al entender
que supondría una invasión de competencias. “Supone llevar a la
educación una cultura empresarial muy agresiva”, sostiene Moreno, quien
añade que los centros andaluces ya son evaluados y que rinden cuentas,
“pero ante la Administración”. Todos los colegios reciben los resultados
de la evaluación de diagnóstico, una prueba censal, en la que aparecen
relacionados con su entorno.
“Ya rinden cuentas”, señala José Moya, quien afirma que en Canarias
también los equipos directivos presentan los resultados de las
evaluaciones de diagnóstico al consejo escolar, donde están
representados profesores, alumnos y familias.
Manuel Planelles Sevilla 8 JUN 2012 - EL PAIS
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